El pasado mes de abril, tres estudiantes de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (Mònica Beneyto, Balma Badal y Marta Puigferrer) contactaron con nosotros para la realización de un reportaje sobre los engaños y los fraudes de los Call TV. Nos han dado permiso para reproducir la versión final del artículo, que tenéis más abajo.

A continuación, la traducción:

El negocio multimillonario de los concursos de televisión y sus pequeñas trampas

Hay noches que te despiertas de repente, en medio de una oscuridad absoluta. Te frotas los ojos y decides levantarte e ir a la cocina para beber un poco de agua y poder retomar el plácido sueño que habías conseguido hasta entonces. Pero mientras tú vuelves a la cama ni te imaginas la cantidad de personas despiertas que hay sólo en tu ciudad. Entre ellas, gente de todas las edades con el televisor encendido que contempla -medio hipnotizada- las estridentes combinaciones de colores de la pantalla y escuchan, con la boca abierta, la insistencia de una presentadora que les promete que conseguirán la felicidad con tan sólo una llamada.

Se trata de los programas Call TV, un fenómeno latente extendido por toda Europa. En general, comienzan a emitirse a partir de las dos de la madrugada y se prolongan hasta el amanecer. Con una estética austera y poco elaborada, un presentador o presentadora exuberante propone a los espectadores un juego aparentemente fácil de resolver que promete un cuantioso premio a todo aquel que se atreva a descolgar el teléfono y marcar el número que aparece en pantalla.

En el momento de descolgar el teléfono es cuando empiezan las dificultades. En primer lugar, la respuesta resulta no ser tan obvia. Un enigma que, en principio, podría ser respondido incluso por un niño de primaria se acaba convirtiendo en todo un reto que se alarga durante más de cuatro horas sin que nadie sea capaz de resolverlo. La impotencia de no poder solucionar un problema tan evidente (como puede ser el nombre de una chica que empiece por M y acabe por A) induce a volver a marcar el número tantas veces como sea necesario.

Además hay que tener en cuenta que el número al que se llama es un 905, uno de los prefijos catalogados como “Servicio de Tarificación Adicional” (como podrían serlo los 803, 806 ó 907). Estos números están destinados a la recepción de llamadas masivas y, en función de su cuarta cifra, tendrán un precio máximo u otro. Según la Agencia Catalana del Consumo, en el caso de los Call TV esta cuarta cifra es la que corresponde al precio más elevado (1,20 € en redes fijas y 1,65 € en redes móviles, sin impuestos).

Según Júlia Pascual, psicóloga colegiada número 16795, el hecho de empujar al espectador a marcar el número repetidamente es lo que se llama «la técnica de la profecía que se autocumple» y la primera de las diferentes tácticas psicológicas que esta tipología de programas utiliza para captar la atención del público y forzar su participación. La «sugestión hipnótica o indirecta» es otro de los elementos que los Call TV utilizan para captar la atención del público y mantenerlo absorbido.

Pascual asegura que, además, elementos como un cronómetro circular que da vueltas constantemente, un arco iris de colores estridentes situado al fondo de la pantalla o unas letras en movimiento inducen al espectador a «un estado de protohipnosis que permite a la persona abandonar el estado de rigidez dilatando así su capacidad de percibir la realidad». Esto, comenta la psicóloga, lo explica Giorgio Nardone en su libro titulado “Hipnosis y terapias hipnóticas”.

Más allá de esta comunicación no verbal, las expresiones y palabras de la persona que presenta el programa también estimulan a los espectadores a hacer esta llamada. Les habla en primera persona para darles confianza, les pone nerviosos mediante movimientos de dedos y utiliza expresiones como «no hay casi llamadas», «hoy es tu día, seguro que aciertas», «desde producción me aseguran que es muy fácil «o «¡llama ya!».

La psicóloga Júlia Pascual explica que estas técnicas tienen efectos en todo el mundo pero en especial en perfiles concretos de persona: personas mayores que viven solas, gente con problemas de insomnio o ganas de descontrol, adictos en general (alcohólicos, cocainómanos, ludópatas, ninfómanos, etc.). Así, uno de los primeros reproches morales que se puede hacer a estos programas es el hecho de aprovecharse de las debilidades de los más psicológicamente inestables. Sin embargo, no hay una legislación estricta que determine hasta qué punto se puede actuar de esta manera.

Aunque es una evidencia moralmente criticable, la verdad es que es complicado valorar hasta qué punto atentan contra la dignidad de las personas. En primer lugar porque es muy difícil de demostrar y, además, tal y como explica María Jesús García Morales, profesora y doctora en Derecho Constitucional, porque «es un fenómeno muy extendido que también sería aplicable a otras actividades lucrativas, como por ejemplo los casinos o las máquinas tragaperras».

Uno de los programas nocturnos tipo Call TV

Un tigre sin dientes

La resolución del 15 de septiembre de 2004 publicada en el BOE número 236 determina un código de conducta vinculante sobre los Servicios de Tarificación Adicional. En un apartado del artículo quinto se establece que «el contenido de los servicios de tarificación adicional no deberá explotar el estado de necesidad económica, laboral o personal del usuario llamante» y que «no se podrá atentar contra la intimidad de ninguna persona mentalmente discapacitada, desequilibrada o vulnerable».

Este código de conducta, establecido por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), determina cuáles deben ser las pautas de comportamiento de este números de tarificación adicional para evitar abusos hacia la sociedad. Aunque es vinculante, la profesora García Morales asegura que «es como un tigre sin dientes, está hecho para asustar pero su eficacia real es mínima».

Por su parte Dolors Comes, Consejera del Área de Contenidos del Consejo Audiovisual de Cataluña, explica cómo desde el CAC se alertó a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre este problema y las posibilidades de fraude que suponían los números de tarificación adicional. Comes asegura que fue gracias a estas advertencias la creación del código de conducta y que el número de programas de este estilo se ha reducido radicalmente.

Sin embargo, denuncia también el hecho de que estos programas saquen provecho de las debilidades de las personas y que se dirijan a un perfil de audiencia tan vulnerable. Según ella, el CAC se ha puesto en contacto con la Dirección General del Juego para que se regulen sus prácticas, pero sus quejas no han sido escuchadas. Su preocupación se centra en el hecho de que teóricamente -según la ley- los juegos de azar están prohibidos en televisión y estos concursos televisivos, aunque se hagan pasar por juegos de conocimientos y habilidades, son claramente juegos de azar ya que, asegura Comes, «la respuesta es tan obvia y simplemente juega el factor suerte».

Por otro lado, el marco legal se ha vuelto más rígido a partir del «Caso Telesierra», en el que una emisora local de Madrid llegó a estafar hasta un millón de las antiguas pesetas a los concursantes.

Este caso llevó al Ministerio de Industria a replantearse una legislación más estricta para evitar nuevos abusos como éste. Sin embargo las agencias y asociaciones de consumidores, como las Oficinas Municipales de Información al Consumidor o FACUA, reciben diariamente quejas de damnificados por los programas Call TV. Asimismo, en la Red se pueden encontrar muchos bloggers y usuarios de Internet que han detectado diversos tipos de fraude y que muestran repetidamente su rechazo hacia estos concursos. No obstante, desde el «Caso Telesierra» no se ha oído hablar del cierre de ninguna emisora ni de ninguna multa extraordinaria a las productoras que los realizan.

Viendo esta situación se hace evidente la pregunta: ¿es tan difícil de demostrar el fraude de estos programas o realmente hay un vacío legal a su alrededor que los protege? Para comprobarlo, basta quedarse despierto durante una noche para analizarlos.

Habiéndonos quedado una noche entera visionando y participando de estos programas no hemos detectado irregularidades flagrantes, pero sí podemos afirmar que hay pequeños detalles que serían denunciables y punibles, tal y como afirma Mercè Casas, técnica de la Agencia Catalana de Consumo.

En primer lugar, se establece que el prestador del servicio 905 debe informar del coste total de la llamada de forma estática en pantalla y con caracteres perfectamente legibles. Además, se debe informar de este mismo precio en el momento de la llamada mediante una locución de 8 segundos y dejar 3 segundos más al usuario para que decida si quiere asumir este coste o no. Tal y como hemos podido comprobar, esta locución tiene una duración de 11 segundos y el tiempo de decisión del usuario se reduce a menos de un segundo.

Por otra parte, también se establece que las bases de estos concursos y sorteos (así como también la resolución de los mismos) deben estar depositadas ante notario o un organismo público competente, de manera que sean fácilmente accesibles para los participantes. Si bien las bases de los concursos son fáciles de encontrar y están firmadas ante notario, en ningún momento las resoluciones son ratificadas por ningún profesional ni se encuentran en las bases de datos del Consejo General del Notariado de España.

Otra irregularidad recurrente es la interrupción (teóricamente involuntaria) de la llamada bastantes segundos después de que el espectador haya decidido participar en el concurso y antes de que pueda decir la respuesta. Este supuesto problema técnico induce al espectador a querer llamar de nuevo. Mercè Casas comenta que «este hecho sería denunciable ante la Agencia Catalana del Consumo», pero también es cierto que en las bases de estos concursos son cuestiones que quedan más o menos cubiertas tal y como se puede comprobar cuando se lee que «en ningún caso, ni el organizador, ni la cadena, ni el operador serán responsables de los errores de la red o de errores en las líneas telefónicas».

Gracias a la ambigüedad y la falta de concreción de muchos puntos de estas bases se genera una nube protectora alrededor de las productoras y de la empresa encargada de las telecomunicaciones.

Los estudios de Canal Català

Simples cosquillas

En este sentido, otro aspecto que se debería destacar es que el mismo Código de Conducta establece que una infracción de éste supone el cierre inmediato del número con el que se ha llevado a cabo la infracción. Tal y como se puede ver con la sanción que la Agencia Catalana del Consumo emitió en noviembre de 2010 en relación a las cláusulas abusivas de las bases de los concursos de la empresa Portalmix S.L., la práctica habitual es la de imponer multas y sanciones que son fácilmente asumidas por la productora. Rubén Sánchez Villarino, secretario de FACUA – Consumidores en Acción, explica que estas multas «son perfectamente asumibles por estas grandes empresas, no les hacen más que simples cosquillas».

A partir de aquí, se podría deducir que realmente hay una infraestructura elaborada alrededor de las empresas vinculadas con este negocio que les sirve de almohada y hace difícil la efectividad normativa. Y es que las empresas que hay detrás de estos Call TV y los beneficios que reportan a los canales (por otra parte, cada vez más perjudicados por la fragmentación de la audiencia) son difíciles de pasar por alto. Así, tal y como declaró Luis Fernández, presidente de la Corporación RTVE, TVE ingresa -cada año- 45 millones de euros por llamadas y mensajes de texto a concursos mediante estos números de tarificación adicional.

Aparte del gran beneficio que da a las cadenas de televisión, quienes también salen indiscutiblemente beneficiadas son las productoras, las empresas de telecomunicación y las operadoras telefónicas. En primer lugar, tiene un gran papel el prestador del servicio, es decir, la empresa que gestiona el programa. Ésta se preocupa de la estética, de ofrecer las diversas cantidades de dinero para los ganadores, de contactar con los presentadores y de la realización del concurso. Sólo lleva una décima parte de las ganancias pero, pese a lo que pueda parecer, estamos hablando de un gran beneficio, sobre todo si nos fijamos en la infraestructura que sustenta.

Así, la mayoría de programas Call TV que se emiten actualmente en España pertenecen a las productoras Mediacat 06 S.L. y Mediageneris que, a pesar de estar constituidas como organismos diferentes, pertenecen ambas a Nicola Pedrazzoli, un magnate empresarial relacionado con el sector de los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Actualmente se le define como el empresario más importante de las televisiones locales digitales.

Ligadas a Mediacat 06 S.L. y Mediageneris, y con Pedrazzoli al frente, encontramos otras compañías del sector como por ejemplo 13 TV, un nuevo canal de televisión que se ha hecho un lugar dentro de las emisiones generalistas, o Vallès Servicios de Televisión S.L., una productora televisiva que ofrece servicios de publicidad. Por otra parte, Pedrazzoli también regenta negocios de otras ramas como es el caso de Pedrazzoli y Milani S.L., una empresa de comercio de productos herboristas y dietéticos, así como también una constructora.

Dentro de este panorama, otro agente importante son los operadores de acceso, que resultan ser las grandes compañías de telecomunicaciones desde las cuales se genera la llamada. Se podría decir que éstas no son las grandes beneficiarias pero, por otro lado, son las primeras sobre las que recae la responsabilidad económica de las quejas de los ciudadanos.

Así, tal y como ratifica Mercè Casas, si se ha producido una práctica abusiva en estas líneas la primera en reparar los daños causados será la empresa telefónica. Sea devolviendo el importe de estas llamadas y ofreciendo un servicio de desconexión a las mismas, o bien asumiendo el impago de las facturas.

Llegados a este punto entendemos, pues, que los verdaderos beneficiarios de este negocio son los llamados operadores de red: discretas empresas de soluciones del campo de la comunicación que se embolsan la mayor parte del pastel. Una de ellas, la operadora que trabaja con Mediageneris y Mediacat 06 S.L., es World Premium Rates (WPR).

Esta empresa pertenece al grupo Quality Telecom S.A. y es una operadora española de telecomunicaciones líder en servicios Premium interactivos y Operador Móvil Virtual. World Premium Rates es una empresa de prestigio en el sector, ha sido calificada como empresa excelente durante tres años consecutivos por Dun & Brandstreet en el Prestige Rating Book y está situada entre las diez principales empresas del sector de telecomunicaciones a nivel internacional. Su presidente, José de la Cruz Chillerón Mota, tiene a la vez participaciones en muchas otras empresas del sector.

Por otro lado hay que tener en cuenta el papel de las cadenas de televisión. Éstas, junto con los operadores de red, también se lucran con creces de este tipo de programas. Esto es así hasta el punto de que, por ejemplo, los Call TV y los SMS Premium suponen casi el 10% de los ingresos de una cadena como Telecinco.

Así, uno de los obstáculos a la hora de investigar empresas como Buongiorno, World Premium Rates o Mediageneris es la elevada diversificación que tienen sus propietarios en el mundo empresarial. Un hecho que les permite estar muy bien asesorados jurídicamente y económicamente y que, por otra parte, les da muchas vías para camuflarse. Es muy difícil seguir la pista de alguien dentro de este inmenso entramado multinacional.

Arriba, un ejemplo de programa emitido por Canal 13, con la presentadora atendiendo una llamada. Abajo a la izquierda, los estudios de Canal Català. Abajo a la derecha, el empresario italiano Nicola Pedrazzoli.

La estrategia del dolus bonus

La premisa de la que parten la mayoría de los programas de Call TV es la de ganar dinero aprovechando la paradoja normativa que rodea la legislación relacionada con estos ámbitos. Precisamente, el derecho ampara estas prácticas con lo que se llama “dolus bonus”. Este concepto, según la profesora Mª Jesús García, se apoya en «la exageración de las cualidades o el valor de una cosa» y es, por tanto, «la astucia del vendedor de la que el comprador debe defenderse». Según la profesora, «si en un anuncio de automóviles prometen que el coche irá hasta la luna y el espectador se lo cree, es su problema». Así, se supone que debe ser uno mismo quien sea lo suficientemente consciente y responsable para no caer en el engaño. García afirma también que debemos aprender a convivir con estos fraudes para no caer tampoco «en la trampa de una sociedad demasiado protectora y paternalista que lleve a la justicia a un sistema demasiado rígido».

Esto nos lleva a la reflexión de si la moralidad del marco jurídico que acompaña a la normativa empresarial del país es lícita. Tal y como se ha mencionado anteriormente, se establecen códigos de conducta vinculantes. Sin embargo, se ha visto y comprobado que, a la hora de la verdad, para denunciar un abuso de este tipo la burocracia a seguir es tan enorme que la iniciativa del usuario se va diluyendo por el camino.

Por otra parte, si finalmente el sistema administrativo permite que la denuncia llegue satisfactoriamente, la cifra impuesta por los organismos judiciales correspondientes es tan minúscula para estas empresas que ni la notan. Así, es normal que a los grandes magnates de las telecomunicaciones les salga mucho más a cuenta pagar la sanción y seguir lucrándose de los sectores más desfavorecidos e indefensos de la sociedad que intentar actuar éticamente desde un principio.

Dentro de este entramado de intereses políticos y económicos, ¿qué opciones tiene un espectador para defenderse? La respuesta es, lamentablemente, que a ningún gobierno le interesa aprobar leyes que puedan perjudicar a los medios de comunicación y mucho menos a las empresas que dominan la opinión pública. Así pues, el estado y el sistema judicial se han posicionado y lo han hecho a favor de aquellos que se aprovechan de nosotros. Lo han hecho mediante el silencio -porque quien calla, otorga- o, en contados casos, con sanciones insignificantes para empresas de dimensión internacional que son, más que nada, una buena excusa para lavarse las manos y alejarse del tema sin salpicarse. Y es que ya lo dijo Napoleón: «la opinión pública es un poder al que nada ni nadie se resiste».