Se trata, según el presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, de una medida preventiva en un contexto de crisis económica, debido al alto número de usuarios afectados por altas facturas correspondientes a llamadas a estas numeraciones.

El caso expuesto por Alonso se refiere a una familia, que ha acumulado una factura de 13.393 euros correspondientes a un mes y 11.698 a otro, cuyas llamadas han sido realizadas por una persona con “problemas psicológicos”, según constatan informes médicos

Es un caso excepcional, ha asegurado Alonso, ya que la mayor parte de las quejas por este concepto son por importes muy inferiores, aunque generan importantes beneficios a las empresas de telefonía.
Alonso puso sobre la mesa el interés de la administración por beneficiar a estas empresas, en lugar de garantizar un marco de respeto a los derechos de los usuarios.

“Estamos viendo que el Gobierno central y los poderes públicos son más sensibles a garantizar los beneficios de las compañías operadoras que a elaborar una norma que corrija las prácticas abusivas”, ha declarado.

Buena parte de las reclamaciones recibidas por la UCE tiene que ver con llamadas a estas líneas que el usuario asegura no haber realizado, especialmente a números 905. Alonso destacó además que existen colectivos especialmente vulnerables a sufrir estas irregularidades, en concreto niños, adolescentes y personas mayores.

La gran mayoría de estas llamadas están además promovidas por los medios de comunicación, en especial la televisión, a través de programas concurso o servicios de consulta, sin garantías para los usuarios. En este apartado, ha puesto como ejemplo el de aquellos televidentes que realizan cinco o seis llamadas a programas de televisión, y que posteriormente reciben el cobro correspondiente a doscientas llamadas.